Artículo de colaboración con Economistas sin Fronteras, publicado el 20/01/2024, en El Salto (enlace)
Después de estas fiestas navideñas, con sus innumerables interacciones sociales, deberíamos ser conscientes de que muchos de los conflictos que se generan son consecuencia de una mala planificación. A muchos de nosotros se nos ha ocurrido alguna vez decir o hacer alguna cosa con una intención loable pero que se ha convertido, de repente, en un problemón por sus inesperados efectos secundarios que no habíamos considerado en un principio.
En la acción pública ocurre lo mismo. Existen estudios que analizan cuáles fueron los resultados reales de determinadas medidas políticas que pretendían solucionar un tema concreto y cuyo impacto final fue un empeoramiento de este (efecto cobra). También encontramos casos en los que al implementar una política no se tuvieron en cuenta todas las implicaciones que se generarían y lo que suponía una solución por un lado generó un problema en otro. En los siguientes párrafos veremos algunos ejemplos.
Empezaremos centrándonos en medidas de salud pública y educación que podemos encontrar en el artículo “Consecuencias no intencionadas de las medidas de política pública: Ejemplos de sanidad y educación”[i]. Creo que estaremos de acuerdo en que fumar es una actividad con graves consecuencias en la salud de quien lo hace, pero también de quien sufre su externalidad negativa. Una de las medidas que están ahora en boca de todos es la prohibición de fumar en determinados lugares como bares, restaurantes u oficinas. En un estudio que se comenta en este artículo se comprobó como esta prohibición provocó un incremento de la exposición al humo de los no fumadores al desplazarse éste de los lugares públicos a los hogares de los fumadores. Otro caso que se expone, ahora en el ámbito educativo, tiene que ver con la reducción de la ratio alumno/profesor que en principio debería mejorar el rendimiento escolar del alumnado pero que analizando algunos casos se observó que el rendimiento bajaba sorprendentemente. La causa se encontró en el incremento repentino de contrataciones de docentes que obligó a rebajar los requisitos, y la calidad, de los profesionales.
También podemos considerar las políticas de mejora en la calidad del aire en las ciudades también podemos encontrar efectos mixtos o positivos según la medida aplicada como se desprende del artículo “Transporte y calidad del aire en las ciudades: algunas propuestas”[ii]. Dentro de los efectos mixtos, observan que la creación de las “Superilles” en Barcelona han conseguido disminuir la contaminación en el centro de esta zona mientras que se ha incrementado en la zona colindante debido al trasvase de tráfico de un lugar a otro (efecto secundario). Efectos positivos de algunas medidas son aquellas que suponen un coste para el usuario como el peaje para entrar en el centro o el pago por aparcar que reducen la cantidad de automóviles y mejora la circulación. También, se ha estudiado como las mejoras en el transporte público y el fomento de uso de las bicicletas o patinetes eléctricos impactan positivamente en la calidad del aire en las ciudades.
Continuamos ahora con el análisis de las ayudas a la compra de un coche. Seguro que recordamos los planes 2000E y PIVE que se implementaron con la intención de sustituir vehículos antiguos más contaminantes por otros nuevos más eficientes entre los años 2009 y 2013. Estas ayudas eran de 2.000€ que se financiaban a partes iguales por el sector público y el fabricante. Pues como estudiaron en el artículo “Evaluation of subsidies programs to sell green cars: impact on prices, quantities and efficiency”[iii] (resumido en la entrada del blog Nada es gratis) los efectos buscados de disminución de la contaminación no fueron importantes puesto que no se generó la demanda necesaria y, a su vez, se encarecieron los vehículos que se pretendía abaratar.
Para acabar con los ejemplos, lo haremos con el siempre actual debate sobre la limitación del precio de los alquileres en determinadas zonas para facilitar el acceso a una vivienda de la población. El Parlament catalán aprobó la Ley 11/2020, cuyo propósito era contener el precio de los alquileres en zonas tensionadas de este territorio y que una sentencia del Tribunal Constitucional tumbó en parte esta norma por asumir unas competencias que no le eran legítimas. Tras año y medio de vigencia, los resultados finales de la aplicación de la ley se han presentado en el documento “Los efectos de la limitación de precios de los alquileres en Cataluña”[iv]. Los autores destacan que en términos agregados el precio del alquiler disminuyó un 5% que se concentró en las viviendas más caras mientras que, en contrate, el precio de las más baratas ascendió pegándose al valor marcado por el índice de referencia. Con ello, se ha observado un descenso del 10% en los contratos firmados que se concentra en las viviendas más caras.
Con estos ejemplos pretendemos poner de manifiesto como la política está llena de buenas intenciones, pero como diría Milton Friedman “debemos juzgar las políticas o programas por sus resultados”. La evaluación de las políticas públicas, entendidas en un sentido amplio, se ha situado como una prioridad en el ámbito estatal como muestra la aprobación de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado. En las autonomías la institucionalización de la evaluación ha sido algo dispar, destacando Navarra, País Vasco o Cataluña, entre otras. Mientras, en el ámbito municipal alguna ciudad, como València, empezó a trabajar en este sentido. A pesar de ello, el camino es todavía largo y lleno de dificultades.
Establecer la evaluación en cada una de las fases del proceso de gestión política (diseño o ex ante, implementación y ex post) también tiene sus objeciones, aunque podría contribuir si no a eliminar, sí a mitigar, algunos de estos impactos indeseados y/o inesperados. Pero, en cualquier caso, y si se produjesen, la capacidad de aprendizaje e, incluso, de respuesta evitaría la gravedad de estos.
A modo de conclusión, se echa en falta un debate político más sosegado. Las fuerzas políticas han entrado en una espiral de confrontamiento en la que confunden la voluntad de solución de un problema con la defensa concreta de una medida para solucionarlo. Esto nos lleva a definirnos ideológicamente según estemos a favor o en contra de la privatización o nacionalización de determinados sectores, o si apoyamos o no las bajadas de IVA en los alimentos, si defendemos la construcción de espigones en nuestro litoral o no, entre muchos, en vez de preguntarnos si estamos a favor o no de la lucha contra el cambio climático, en la lucha contra la inflación o si deseamos que se proteja nuestro litoral. No se pretende evitar el debate político sino aportar datos que sustenten los argumentos. Si algo saben los economistas cuando se les pregunta por la bondad o maldad de una determinada política es empezar su análisis con un DEPENDE, que en este caso sirve de conclusión.
[i] Graves, Jennifer; Zucchelli, Eugenio. (2022) “Consecuencias no intencionadas de las medidas de política pública: ejemplos de sanidad y educación.”
Papeles De Economía Española. (172) p.30-42.
[ii] Perdiguero, J; Sanz, À. (2020): “Transporte y calidad del aire en las ciudades: algunas propuestas”. Papeles de Energía. Nº10. Octubre 2020. (p.15-64)
[iii] Jiménez, J.L., Perdiguero, J. y García, C. (2016), “Evaluation of subsidies programs to sell green cars: impact on prices, quantities and efficiency”, Transport Policy, 47, p.105-118.
[iv] Montalvo, J.G.; Monràs, J.; Raya, J.M. (2023): “Los efectos de la limitación de precios de los alquileres en Cataluña.” EsadeEcPol Insight #44. Febrero 2023.
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