Cansa el debate visceral en redes cuando «los otros» se oponen a todo y «los nuestros» todo lo ven insuficiente. En estos casos mejor es alejarse del ruido y buscar el silencio de los datos.
Esta entrada no pretende ser un estudio exhaustivo del sistema de pensiones español, para eso ya existen innumerables trabajos elaborados por grandes (de verdad) economistas. Aunque sí que pretendo enumerar una serie de datos que propongan pequeños estados de reflexión.
En España, a 30 de junio de 2021, existen un total 8.935.875 de pensionistas a los que se les pagan 9.854.685 pensiones (una relación de 1,1 pensiones por pensionista). En el mes de junio el gasto total en pensiones supuso 10.180.229,47 de euros, lo que nos da una pensión media de 1033,03 euros.
Una vez observados estos datos nos deberíamos plantear si es mucho o si es poco el gasto en pensiones y para ello necesitamos buscar con que compararlo. Como en todo, gastamos mucho o poco en función a lo que se ingresa y es lo que vamos a ver.
Las pensiones se financian con las aportaciones que se hacen a la Seguridad Social los empresarios y los trabajadores, autónomos y por cuenta ajena. Las cotizaciones presupuestadas para 2021 ascienden a 125.144.250,00 de euros, que mensualmente supondrían 10.428.687,50 euros. Pues bien, ya podemos apreciar el enorme esfuerzo que supone para la Seguridad Social, alrededor del 98% de los ingresos por cotizaciones se destinan a pagar pensiones. Si continuamos trabajando con los datos veremos que, si en España había 19.206.800 ocupados y que por tanto cotizan, salimos a que cada pensionista es soportado por 2,16 ocupados, que deberán destinar 518,65 euros mensuales a pagar la pensión. Teniendo en cuenta que el salario medio en 2019 (INE. Encuesta Anual de Estructura Salarial) era de 2.033 euros, pero que el más habitual ronda los 1.541 euros, la aportación para el mantenimiento de la pensión se situaría entre el 25% al 33%, respectivamente.
¿Cuál es el problema que se avecina?
Según algunos economistas, aunque creo que todos, los próximos años entrarán como pensionistas los miembros del «baby-boom» de la década de los 60, lo que supondrá un incremento sustancial en el número de pensionistas pero, también, en el valor de las pensiones por sus mejores salarios en relación a los actuales. Si a eso le añadimos un progresivo envejecimiento poblacional y una tasa de natalidad de las más bajas del mundo, la solidaridad intergeneracional se complica. Ante este panorama existen diferentes soluciones planteadas y ninguna de ellas es buena porque supone un ajuste negativo en los derechos adquiridos por los trabajadores.
El acuerdo firmado el pasado 1 de julio entre Gobierno y agentes sociales, en marco del diálogo social, intenta empezar a poner tiritas al problema que se avecina. Como parche, intenta penalizar las jubilaciones anticipadas antes de los 67 años y, después, incentiva el retraso voluntario en la jubilación. En cambio, deroga el factor de sostenibilidad y lo transforma en un «mecanismo de equidad intergeneracional». También, traspasa gastos a Hacienda intentando desahogar a las arcas de la Seguridad Social de ciertos gastos impropios.
Evidentemente, serán necesarios más ajustes y la política será necesaria para que quien los paguen no sean siempre los mismos. Para ello, se hace necesaria una política de comunicación como la que no se ha tenido aún por parte del Gobierno y resto de agentes para que la sociedad se haga cargo de las decisiones a tomar.
Con todo esto no entiendo el enfado de unos y de otros. El problema se conoce, las medidas del acuerdo son las que son y las que se tienen que tomar se tendrán que debatir. Las declaraciones del ministro Escrivá van en una dirección concreta que parece no gustar a los afectados, aunque es importante resaltar que sólo son eso, declaraciones y que faltaría su discusión y aprobación.
Pero ya conocemos a la parte económica del Gobierno y cabe la cuestión de qué hubiera sido si no hubiera estado presente Unidas Podemos en el Gobierno.
Responsabilidad Económica 