¿Quién pagará la crisis económica del Covid-19?

El impacto del Covid-19 sobre la economía, al igual que sobre nuestra salud, está sujeto a una enorme incertidumbre. Un shock de oferta a la vez que un shock de demanda. Menos mal que las tensiones financieras parecen apaciguadas tras las intervenciones de los bancos centrales. Las previsiones que están saliendo publicadas por organismos nacionales e internacionales son enormemente llamativas. En primer lugar, por las espectaculares bajadas en el PIB este año 2020 y, en segundo, por las tasas de crecimiento para el 2021.

Las previsiones del FMI nos dicen que este año la economía española caerá un 8% mientras que el crecimiento para el 2021 será del 4.3%. En cambio, el BBVA Research augura un crecimiento mayor para el 2021, del 5.7%. Entendamos todo esto bajo la incertidumbre antes citada.

Aunque el motivo de esta entrada no es tanto la evolución del crecimmiento económico, sino la preocupación sobre cómo vamos a pagar las medidas que se están tomando para intentar que el impacto de esta crisis no sea tan duro como el sufrido por la Gran Recesión.

Además debemos preveer cuál va a ser el impacto sobre el empleo, puesto que este factor continúa siendo el más importante para la obtención de renta por parte de la población.

Las medidas que están tomando los gobiernos en la Eurozona son, mayormente, de carácter fiscal y apoyadas, suficientemente, por medidas monetarias del BCE. En España, la manida frase «sin dejar a nadie atrás» de la coalición de gobierno y los referentes en otros territorios debe tenerse en cuenta. Si nos fijamos en la tabla anterior, el BBVA prevé un incremento espectacular del déficit público hasta el 10.8% y una reducción hasta el 6.7% para el 2021. Si tenemos en cuenta la deuda pública es posible que se acerque el 120% del PIB en España, con el impacto que puede tener sobre la prima de riesgo.

Donde quiero ir es a señalar que la frase «sin dejar a nadie atrás» no debe sostenerse sólo en el gasto público, que en definitiva tiene como objetivo que la reproducción capitalista siga su curso. Es importante, y no lo veo por ningún lado, que se especifique quién pagará ese incremento del gasto, de la deuda y del déficit, porque si tenemos en cuenta la experiencia y el resultado de las negociaciones en el seno de la UE, todo parece indicar que se acercan ajustes (recortes) más pronto que tarde. Y no es ideología, es sistema. Si necesitamos dinero que no generamos, nos tenemos que endeudar. Si nos endeudamos tendremos que ser atractivos para quienes nos tienen que comprar esa deuda. Es el mercado, amigos.

Es entonces cuando nos tenemos que plantear generar más ingresos para que los «ajustes» sean lo menos dolorosos posible. El Gobierno tras sus tenebrosas predicciones ha hablado de implementar los impuestos verdes, un impuesto a las transacciones financieras y la tasa Google.

Si queremos que «nadie se quede atrás» y siguiendo el mandato constitucional (artículo 31) deberíamos conseguir que aquellos que más tienen paguen no sólo más, sino tambien mayor proporción que aquellos que menos tienen. Progresividad se llama y ha sido la base de las economías de bienestar europeas.

Es importante, también, saber cuánto pagan las empresas en España diferenciando por tamaño, medido según criterios de la Comisión Europea, y por sector de actividad.

Sobre estos datos deberíamos plantearnos una reforma fiscal marcadamente progresiva como ya se está exigiendo desde sindicatos (véase CCOO) y otras organizaciones sociales. Y para que no hubiese un debate interminable sobre números más o menos maqueados, podría planterase desde el Gobierno una exigencia de información no financiera a las empresas. En esta información, obligada, las empresas deberían informar a la sociedad de su huella fiscal real, sin incluir subterfugios varios como incluir les impuestos que retiene a sus trabajadores.

Y es muy importante esta medida, más de lo que pueda parecer a simple vista, puesto que nos daría una visión general del sostenimiento del Estado de Bienestar y entender, de manera ponderada, ciertas propuestas económicas que se lanzan desde grupos de presión empresariales.

Desde Unidas Podemos se ha propuesto la creación de un impuesto extraordinario sobre la riqueza de grandes fortunas para sufragar parte de las medidas anti-COVID19. Aunque no comparta lo de «extraordinario» entiendo esta condición. No parece que a las responsables de Economía y Hacienda es vaya de gusto esta propuesta, pero las propuestas esgrimidas hasta el momento parecen insuficientes para evitar que se queda alguien atrás.

Existe la visión de medir un presupuesto de izquierdas según la proporción de gasto social que hay en él y se olvida una parte vital, quien paga este gasto y, por tanto, el control del ingreso. Mientras no se genere una información veraz y verificable sobre la carga fiscal de los diferentes agentes económicos y, por ende, sobre los diferentes factores productivos, cualquier reforma fiscal estará basada en suposiciones. El riesgo que se genera es el debate político y público de mala calidad centrado en datos interesados.

La democracia requiere de datos ciertos y certificables (cuidado con los certificadores, también) para un debate de ideas y no de números. Por que las ideologías existen en tanto en cuanto existen intereses opuestos en la sociedad. La ciencia tiene ideología y, en demasiadas ocasiones, coincide con la de la clase en el poder.

PS. Podéis leer esta entrada en el Blog de José Carlos González titulada Propuesta de Huella Fiscal.